Escuelas tomadas

Por Nélida Baigorria
Para LA NACION


Los diarios y los medios audiovisuales informaron en su momento, profusamente, acerca de la toma del Nacional Buenos Aires -colegio insignia de nuestra mejor tradición educativa- perpetrado por alumnos agrupados en un centro de estudiantes que exige supuestas reivindicaciones implícitas en sus derechos como alumnos de la institución.

Una semana sin clases, asambleas en las calles, evidentes deterioros en el interior del edificio, frazadas y abrigos diseminados por los pisos para cobijarse del frío de las noches; prohibición de entrada a la máxima autoridad, la rectora del colegio, y según el arbitrio de una guardia pretoriana, la obtención de un salvoconducto para acceder al establecimiento; ésta es una síntesis muy escueta del deplorable espectáculo que vio toda la República y hasta trascendió fuera de sus fronteras. ¿Cuántos eran? Un grupo insignificante sobre los miles de alumnos inscriptos, pero con ínfulas de dictadorzuelos.

A 25 años de rescatada la democracia -tal vez la palabra más usada en nuestros días, pero la más devaluada en su semántica-, estos hechos denigrantes indican hasta qué extremos ha llegado el facilismo que introdujo la demagogia populista. En efecto, cuando luego de la dictadura debió trabajarse, intensamente, en el área educativa para formar a la niñez y a la juventud en el respeto por las instituciones que el régimen republicano impone, con alguna excepción, se siguió el rumbo inverso, y en un auténtico campeonato demagógico cada gestión educativa superó en demasía a la anterior con concesiones y licencias cada vez más extremas, en nombre de los "derechos humanos", que sirvieron para justificar todo tipo de tropelías y delitos, mientras la calidad de la enseñanza nos llevaba a ocupar el lugar 57 en las evaluaciones mundiales.

En 2007, el otro colegio universitario, de gran prestigio en toda la República, la Escuela Nacional de Comercio Carlos Pellegrini, desató un conflicto similar, por el rechazo al rector designado por la autoridad competente. También en este caso se ocupó el edificio, se perdieron innumerables días de clase, grupos de alumnos se exhibían en la calle sentados en las aceras, deliberadamente desaliñados para dar testimonio de su condición de "progres". ¿Cuál fue el rédito de ese atropello? El desprestigio de la escuela, traducido en una muy sensible disminución de las inscripciones para rendir el examen de ingreso en primer año.

Estos hechos inadmisibles, máxime tratándose de establecimientos educativos universitarios, exigen un análisis profundo de los factores que condicionan el extravío en la conducta de esos grupos de adolescentes para los cuales autoridad es sinónimo de autoritarismo.

Otro hecho reciente corrobora que la toma de edificios escolares es una norma impuesta por alumnos indisciplinados y levantiscos, impulsados por ciertos grupúsculos políticos cuyas anacrónicas "ideologías progresistas" y consignas perimidas procuran infiltrar en la adolescencia y en la juventud, porque, devotos de los regímenes totalitarios y, por lo tanto, enemigos jurados de las libertades individuales conocen muy bien que, con un adoctrinamiento pertinaz de ese sector social que es el futuro, podrán, un día no lejano, consumar aquella abortada revolución de los años 70. No ya bajo la égida de un líder, sino de la misma "inteligenzzia". El caso reciente con que se inicia este párrafo se refiere a la toma de otro establecimiento, orgullo de la educación argentina, la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta, en la cual se formaron generaciones de excelentes maestros y dictaron cátedras, en las distintas disciplinas, eminentes figuras del mundo de las ciencias y de las humanidades.

Las escenas que brindaron fueron un calco de las ya conocidas: usurpación del colegio, corte de la calle, pérdida de clases y el ritual petitorio de mejoras edilicias, junto con otras exigencias, como el aumento en el otorgamiento de becas que juzgan exiguas y acordadas con criterio discriminatorio.

De acuerdo con esta línea de conducta, que no conoce el diálogo, y la exigencia perentoria de ponerle coto, con motivo de la excelente norma emanada del Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires, por la cual las horas de clase perdidas por la toma de escuelas habrán de rescatarse en días suplementarios, grupos de alumnos de distintos establecimientos se convocaron para bloquear la resolución ministerial.

Los casos que he tomado como ejemplo son paradigmáticos porque se han producido en escuelas y en colegios que fueron modelos de excelencia en cuanto a preparación científica y acatamiento a reglas disciplinarias, y respeto a las autoridades, exigibles para una convivencia civilizada.

Estos tres ejemplos generados en establecimientos de centenario prestigio incitan a comprender qué ocurre en otros niveles del ámbito educativo, en los que acuden adolescentes cuyos padres, por distintas carencias, sin considerarse cómplices de sus hijos, transfieren a la escuela las responsabilidades que a ellos les competen y, tal vez, ignoran.

Si a esto agregamos los informes cotidianos de los medios de comunicación acerca de las agresiones alevosas entre los alumnos. Ataques incalificables a docentes, hasta el extremo de lo indecoroso o lo pornográfico, rechazo a disposiciones resueltas por las autoridades de conducción y, si observamos que este modus operandi no se circunscribe a la Capital Federal, sino que se ha extendido, peligrosamente, en toda la República, con consecuencias impredecibles para el futuro de esas vidas que no han madurado aún, porque su proceso neurológico no ha completado su ciclo, sentimos que una amarga desazón desplaza a la esperanza de alcanzar mañana un futuro mejor. Y duele más, porque esta destrucción deliberada de la escuela pública persiguió como objetivo que, por cotejo, aún con esfuerzo económico, los padres eligieran establecimientos de propiedad privada, con edificios confortables, ausencia de huelgas masivas y normas disciplinarias respetadas por los alumnos y por sus padres o tutores.

Por el contrario, con este sistema "garantista" se los induce a descubrir, en esa precaria edad, los beneficios de la violencia para el logro de objetivos, protegidos, además, por la impunidad; garantizada ésta por el temor de las autoridades a infringir algunos de "los derechos humanos" cuya invocación, para muchos actos, aun delictivos, constituyen hoy en nuestro país un pasaporte que exime de culpa.

El cuadro se completa con la toma reciente de otros diez colegios, en uno de los cuales, tal como se informó, los usurpadores celebraron la primera semana de la toma con una "choriceada", cuyos mudos testigos fueron los pupitres del aula.

Se comprende perfectamente la lucha titánica que deberán librar las autoridades educativas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para extirpar la anarquía dominante, en esta área en la que se forman las generaciones del porvenir, que se van de la escuela sin el mundo de valores éticos que ésta debió darles. A esos adolescentes los espera la vida sin que posean el instrumental para poder escalar sus vallas y detectar sus atajos arteros, frente a la durísima empresa de seguir la línea recta cualquiera sea el trayecto que quieran transitar en su paso por la tierra. Parecería, además, que muchos padres "posmodernos", cómplices de sus hijos, no comprenden el hondo abismo que ayudan a cavar para el destino de los que sostienen amar.

El jefe de gobierno, el ingeniero Mauricio Macri, para anunciar el cese drástico de un hecho ilícito se valió de una palabra arraigadísima en el habla popular, no de salón, pero ampliamente significativa para notificar el final de una etapa desdorosa. Sería clave para su gestión de gobierno que, con la misma palabra no académica, alertara a los alumnos cultores del facilismo, a los padres que los apañan, a los gremios que callan y a los políticos que especulan, repitiendo la voz malsonante con férrea convicción: "Se acabó la joda". Y para darle validez a la sentencia, demostrar con rigor que las medidas disciplinarias rescatan su dignidad de normas, cuyo acatamiento será inexorable.

¿Quiénes fueron los responsables de las políticas que nos condujeron a esta decadencia educativa, irrefutable afrenta para un país como el nuestro, que en el siglo XlX iba a la vanguardia de América latina en cuanto a educación popular? Es un vulgarísimo lugar común, además de una hipocresía, decir: "Mirar para adelante, no para el pasado". Cuando en éste, se halla la clave de nuestro ominoso presente. No interesó el destino de las nuevas generaciones, por el contrario, se procuró formarlas en la mediocridad intelectual y ética, seres humanos lábiles, medrosos, y ciudadanos asténicos dentro de la tan proclamada "sociedad del conocimiento". Y siempre ante el silencio cómplice de las instituciones y los gremios, que debieron denunciarlo, antes que defender sólo "la recomposición salarial".

Bastaría repasar la nómina de quienes fueron las autoridades educativas de esta democracia restringida, durante los más de 18 años que gobernó el peronismo en el orden nacional y en muchos de los distritos del país, a fin de poder dilucidar las raíces profundas de este fracaso, que ha trastocado en forma aleve el ordenamiento jerárquico de la institución educativa, y ha consentido que niños y adolescentes de 13, 14 o 15 años asumieran roles de adultos, cuando aún están bajo el imperio de la patria potestad.

La toma de una escuela es un delito, se trata de un bien público financiado con los impuestos que paga toda la población y supone una flagrante injusticia que se vede el acceso al aula de quienes desean aprender y estudiar. ¿Quién defiende ese "derecho humano" que fija la Constitución Nacional?

Mientras economistas, sociólogos, psicólogos, los autodenominados pedagogos, entre tantos, que fueron asesores o funcionarios coautores de la nefasta ley federal y de su sucedánea, la ley nacional, mientras ellos continúen al frente del comando de la educación, la imperativa necesidad de un cambio no se producirá jamás, porque como en 1945, en 1973, en 1990 y en 2003, serán distintos los protagonistas, pero idéntica su filosofía: reducir el universo intelectual de la juventud, falsificar verdades históricas ya evidentes y, por ende, incontrovertibles, crear una mitología de nuevos héroes para opacar nuestros magnos orígenes, exigir la adscripción al pensamiento único y romper con el mandato de Mayo, como lo demuestra la selección de íconos que representarán al país en la Feria de Frankfort de la cual, y no por azar, quedó excluido el gran Sarmiento, a quien tanto admirara José Martí y Miguel de Unamuno valorara como el mejor escritor hispanohablante del siglo XlX.

Así se pretende honrar al Bicentenario de nuestra gloriosa Revolución de 1810, que nos liberó del vasallaje colonial y nos abrió el horizonte de la libertad y de la justicia.

La autora fue diputada nacional (UCR); es miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Sociales de Mendoza.