¡Ni Dashiell Hammett podría haber imaginado un comienzo de novela así! En un desolado baldío de extramuros, un vecino descubre tres cadáveres acribillados. Corresponden a tres ciudadanos ejemplares. Buenos padres de familia que cuentan con sólidos ingresos y modernos autos. Viven en Pilar o en otros barrios de la clase media acomodada. El hallazgo tiene todos los ingredientes para convertirse en un "caso" que fascine a la opinión pública: truculencia, misterio y unas víctimas con las cuales la opinión pública biempensante puede sentirse identificada: los ejecutados no son unos ladroncitos cualquiera; el triple crimen no parece un ajuste de cuentas entre hampones, sino que salpica a "gente como nosotros". Después se sabrán otras cosas. Como en un thriller...
Pero esta novela argentina no sucede en el Poisonville de Cosecha roja. No hay un detective privado que resuelva el misterio. El investigador es el Estado. Por lo tanto, falla una de las reglas del género, la que prescribe que un crimen siempre debe ser resuelto.
Ojalá me equivoque, pero, ¿se resuelve algún crimen en la Argentina? El propio gobernador de la provincia pareció aliviado cuando dijo que el de General Rodríguez "es un crimen de la mafia", como diciendo: "No nos compete". O "nos supera". Por cierto que le compete, pues ¿hay algo más preocupante para la sociedad que la impunidad del crimen organizado?
Con el episodio de General Rodríguez nos desayunamos de que la narcomafia opera hace tiempo en el país. De que los barones del crimen internacional entran y salen como Pancho por su casa. Conforme lo han difundido profusamente en TV los opinadores "mafioespecialistas" que de inmediato proliferaron como hongos, la Argentina pasó de ser un país de tránsito para el narcotráfico a ser un país de cultivo. Como corresponde a nuestra nunca bien ponderada velocidad idiomática, se creó un neologismo: el "sicariato", país del sicario, es decir, paraíso del crimen por encargo. En eso se habría convertido la Argentina.
Estas y otras escalofriantes revelaciones no parecieron alarmar demasiado al ministro de Justicia, convencido como está de que el Estado ya ha asestado fuertes golpes a la mafia. ¿Qué golpes? De paso, mientras escuchábamos sus opiniones sobre tráfico ilegal de medicamentos y otros horrendos delitos, nos hemos desayunado con que, para el ministro, el "paco" no es una droga peligrosa. De hecho, el ministro de Justicia ni siquiera está seguro de que el "paco" exista ya que "no se sabe bien de qué sustancia está hecho".
Pero, entonces, ¿qué aspiran a la vista de cualquiera miles de chicos de la calle? ¿Una lavanda aftershave ?
Entre las actividades de Forza, uno de los tres asesinados en el baldío de General Rodríguez, estaba la gestión de un laboratorio que supuestamente falsificaba medicamentos, establecimiento que donó 200.000 pesos a la campaña electoral de la Presidenta. Una opinión pública ya sensibilizada por episodios como la valija de Antonini, sobre el que aún estamos esperando explicaciones, o por tantos otros casos de corrupción denunciados y nunca dilucidados, ha registrado, atónita, este nuevo eslabón de una turbia cadena ya muy larga.
Pero no es a las actividades de una de las víctimas del triple crimen a lo que quiero referirme, sino a la situación que el homicidio desnuda: el Estado está abdicando su obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Es cierto que el narcotráfico es una lacra mundial, y por lo tanto sería ingenuo despotricar por que este flagelo salpica nuestras costas. Es cierto que el narcopoder es un jinete del Apocalipsis que se pasea rampante por el universo mundo. Sin embargo, una cosa es admitir la magnitud de un problema y otra es consentir la inacción ante él.
El crecimiento de la criminalidad suma a demasiados connacionales en el terror. Por grave que sea el problema, aún peor es comprobar que no basta con lo que hace el Estado para afrontarlo.
¿Ha creado el Estado cuerpos especiales de seguridad para enfrentar nuevas formas de delito? ¿Qué refuerzos presupuestarios destina el Estado a ese combate? ¿Ha inaugurado nuevas cárceles a tono con los avances mundiales en seguridad penitenciaria? ¿Utiliza -y cómo, si lo hace- los avances de la tecnología virtual para proteger a la población? ¿Se han abierto y/o diseñado escuelas y universidades que estudien estas cuestiones? En tal caso, ¿ cuándo esos profesionales estarán en actividad? ¿Es cierto que para el Estado es más importante perseguir el tránsito de narcóticos (o sus sustancias preparatorias) que su acopio o su fabricación?
Mientras redacto este artículo, un título en los diarios me llama la atención. Informa que se nombrarán magistrados especializados en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, que se prepararán cuerpos de seguridad dotados de tecnología ultrasofisticada y que está a la firma un acuerdo nacional que suscribirán jueces, gobernadores, alcaldes, funcionarios, políticos y organizaciones sociales para hacer frente, todos juntos, a la lacra criminal. Pero esto sucede... ¡en México!
Hace ya un cuarto de siglo que la Argentina dejó atrás la pesadilla de la dictadura. Los policías que hoy combaten el delito en las calles del país estaban en el vientre de la madre o jugando con sonajeros cuando Bignone le puso la banda a Alfonsín. Hemos tenido tiempo de sobra no sólo para depurar las fuerzas de seguridad, sino para crear otras, desde cero. Unas fuerzas de seguridad democráticas, que batallen con eficacia contra el crimen.
Nada parece haberse hecho. En cambio, proliferan torvas memorias que a cada momento interfieren en el que debería ser un objetivo prioritario del Estado: proteger a la población. Hubo, en los albores de la democracia, un comisario llamado Juan Pirker, jefe de la Federal, que se puso a la tarea. Un policía ejemplar. Concitó el apoyo de la sociedad, que lo acompañó en lo que parecía una cruzada. Lamentablemente, aquel hombre se inmoló. Su salud no soportó la magnitud del reto. Un infarto masivo lo abatió sobre su despacho.
El Gran Buenos Aires es hoy una llaga que causa vergüenza a cualquier argentino bien nacido, porque allí pobreza y crimen se entrelazan. Mientras que la cantidad de villas miseria del segundo cordón ha crecido cuatro veces desde 2003, en uno de sus partidos emblemáticos, San Martín, se produce un robo cada cuarenta segundos.
Todo Estado de Derecho tiene dos deberes convergentes e irrenunciables: investigar y castigar los crímenes cometidos por fuerzas de seguridad en el pasado y controlar cualquier extralimitación en la represión actual del crimen. Pero incentivar climas de sospecha y hostilidad hacia los cuerpos de seguridad de un Estado de Derecho, basándose en el pasado, es un suicidio. No comprender la demanda de seguridad que hoy formula la población, sea cual fuere su condición social, es un error político garrafal. La protección ante el crimen no es de derecha ni de izquierda. Es un anhelo de cualquier comunidad. Tan legítimo y acuciante como la protesta contra la inequidad del ingreso o la ofensa de la pobreza.
El triple homicidio de General. Rodríguez y sus detalles macabros serán leídos por los medios de comunicación como un relato espeluznante. Es inevitable, porque la realidad, como siempre, es más imaginativa que cualquier ficción. Pero detrás del lívido rostro de esta novela policial de la realidad, existe un asunto de Estado. La mafia le dejó al asesinado Forza, en la puerta de su farmacia, una silla de ruedas, como tétrica advertencia de que le iban a tirar a las piernas. Le tiraron a la cabeza.
Francis Ford Coppola estuvo varios meses en Buenos Aires, caminando por sus calles, metiéndose en todos los rincones de la ciudad mientras preparaba y luego filmaba una película que aún nadie ha visto, pero que él tituló Tetro . El país del desolado baldío de General Rodríguez es un tétrico escenario criminoso. Ford Coppola, como gran artista de este tiempo, descifra la realidad mejor que cualquier funcionario o sociólogo de época. El leyó una Argentina que es tétrica.
Pero esta novela argentina no sucede en el Poisonville de Cosecha roja. No hay un detective privado que resuelva el misterio. El investigador es el Estado. Por lo tanto, falla una de las reglas del género, la que prescribe que un crimen siempre debe ser resuelto.
Ojalá me equivoque, pero, ¿se resuelve algún crimen en la Argentina? El propio gobernador de la provincia pareció aliviado cuando dijo que el de General Rodríguez "es un crimen de la mafia", como diciendo: "No nos compete". O "nos supera". Por cierto que le compete, pues ¿hay algo más preocupante para la sociedad que la impunidad del crimen organizado?
Con el episodio de General Rodríguez nos desayunamos de que la narcomafia opera hace tiempo en el país. De que los barones del crimen internacional entran y salen como Pancho por su casa. Conforme lo han difundido profusamente en TV los opinadores "mafioespecialistas" que de inmediato proliferaron como hongos, la Argentina pasó de ser un país de tránsito para el narcotráfico a ser un país de cultivo. Como corresponde a nuestra nunca bien ponderada velocidad idiomática, se creó un neologismo: el "sicariato", país del sicario, es decir, paraíso del crimen por encargo. En eso se habría convertido la Argentina.
Estas y otras escalofriantes revelaciones no parecieron alarmar demasiado al ministro de Justicia, convencido como está de que el Estado ya ha asestado fuertes golpes a la mafia. ¿Qué golpes? De paso, mientras escuchábamos sus opiniones sobre tráfico ilegal de medicamentos y otros horrendos delitos, nos hemos desayunado con que, para el ministro, el "paco" no es una droga peligrosa. De hecho, el ministro de Justicia ni siquiera está seguro de que el "paco" exista ya que "no se sabe bien de qué sustancia está hecho".
Pero, entonces, ¿qué aspiran a la vista de cualquiera miles de chicos de la calle? ¿Una lavanda aftershave ?
Entre las actividades de Forza, uno de los tres asesinados en el baldío de General Rodríguez, estaba la gestión de un laboratorio que supuestamente falsificaba medicamentos, establecimiento que donó 200.000 pesos a la campaña electoral de la Presidenta. Una opinión pública ya sensibilizada por episodios como la valija de Antonini, sobre el que aún estamos esperando explicaciones, o por tantos otros casos de corrupción denunciados y nunca dilucidados, ha registrado, atónita, este nuevo eslabón de una turbia cadena ya muy larga.
Pero no es a las actividades de una de las víctimas del triple crimen a lo que quiero referirme, sino a la situación que el homicidio desnuda: el Estado está abdicando su obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Es cierto que el narcotráfico es una lacra mundial, y por lo tanto sería ingenuo despotricar por que este flagelo salpica nuestras costas. Es cierto que el narcopoder es un jinete del Apocalipsis que se pasea rampante por el universo mundo. Sin embargo, una cosa es admitir la magnitud de un problema y otra es consentir la inacción ante él.
El crecimiento de la criminalidad suma a demasiados connacionales en el terror. Por grave que sea el problema, aún peor es comprobar que no basta con lo que hace el Estado para afrontarlo.
¿Ha creado el Estado cuerpos especiales de seguridad para enfrentar nuevas formas de delito? ¿Qué refuerzos presupuestarios destina el Estado a ese combate? ¿Ha inaugurado nuevas cárceles a tono con los avances mundiales en seguridad penitenciaria? ¿Utiliza -y cómo, si lo hace- los avances de la tecnología virtual para proteger a la población? ¿Se han abierto y/o diseñado escuelas y universidades que estudien estas cuestiones? En tal caso, ¿ cuándo esos profesionales estarán en actividad? ¿Es cierto que para el Estado es más importante perseguir el tránsito de narcóticos (o sus sustancias preparatorias) que su acopio o su fabricación?
Mientras redacto este artículo, un título en los diarios me llama la atención. Informa que se nombrarán magistrados especializados en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, que se prepararán cuerpos de seguridad dotados de tecnología ultrasofisticada y que está a la firma un acuerdo nacional que suscribirán jueces, gobernadores, alcaldes, funcionarios, políticos y organizaciones sociales para hacer frente, todos juntos, a la lacra criminal. Pero esto sucede... ¡en México!
Hace ya un cuarto de siglo que la Argentina dejó atrás la pesadilla de la dictadura. Los policías que hoy combaten el delito en las calles del país estaban en el vientre de la madre o jugando con sonajeros cuando Bignone le puso la banda a Alfonsín. Hemos tenido tiempo de sobra no sólo para depurar las fuerzas de seguridad, sino para crear otras, desde cero. Unas fuerzas de seguridad democráticas, que batallen con eficacia contra el crimen.
Nada parece haberse hecho. En cambio, proliferan torvas memorias que a cada momento interfieren en el que debería ser un objetivo prioritario del Estado: proteger a la población. Hubo, en los albores de la democracia, un comisario llamado Juan Pirker, jefe de la Federal, que se puso a la tarea. Un policía ejemplar. Concitó el apoyo de la sociedad, que lo acompañó en lo que parecía una cruzada. Lamentablemente, aquel hombre se inmoló. Su salud no soportó la magnitud del reto. Un infarto masivo lo abatió sobre su despacho.
El Gran Buenos Aires es hoy una llaga que causa vergüenza a cualquier argentino bien nacido, porque allí pobreza y crimen se entrelazan. Mientras que la cantidad de villas miseria del segundo cordón ha crecido cuatro veces desde 2003, en uno de sus partidos emblemáticos, San Martín, se produce un robo cada cuarenta segundos.
Todo Estado de Derecho tiene dos deberes convergentes e irrenunciables: investigar y castigar los crímenes cometidos por fuerzas de seguridad en el pasado y controlar cualquier extralimitación en la represión actual del crimen. Pero incentivar climas de sospecha y hostilidad hacia los cuerpos de seguridad de un Estado de Derecho, basándose en el pasado, es un suicidio. No comprender la demanda de seguridad que hoy formula la población, sea cual fuere su condición social, es un error político garrafal. La protección ante el crimen no es de derecha ni de izquierda. Es un anhelo de cualquier comunidad. Tan legítimo y acuciante como la protesta contra la inequidad del ingreso o la ofensa de la pobreza.
El triple homicidio de General. Rodríguez y sus detalles macabros serán leídos por los medios de comunicación como un relato espeluznante. Es inevitable, porque la realidad, como siempre, es más imaginativa que cualquier ficción. Pero detrás del lívido rostro de esta novela policial de la realidad, existe un asunto de Estado. La mafia le dejó al asesinado Forza, en la puerta de su farmacia, una silla de ruedas, como tétrica advertencia de que le iban a tirar a las piernas. Le tiraron a la cabeza.
Francis Ford Coppola estuvo varios meses en Buenos Aires, caminando por sus calles, metiéndose en todos los rincones de la ciudad mientras preparaba y luego filmaba una película que aún nadie ha visto, pero que él tituló Tetro . El país del desolado baldío de General Rodríguez es un tétrico escenario criminoso. Ford Coppola, como gran artista de este tiempo, descifra la realidad mejor que cualquier funcionario o sociólogo de época. El leyó una Argentina que es tétrica.
Alvaro Abós
1 comentario:
Polémica en el poder: Aníbal Fernández desliza que el Sedronar (Granero) no cumple con su tarea de controlar los precursores químicos
Aníbal Fernández dice que no hay polémica. Pero muchos creen que sí la hay. Y la verdad es que en la Argentina hay un cierto descontrol sobre la distribución y comercialización de los precursores químicos, esenciales para la producción de droga ilegal.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La entrevista de Emilio Ruchansky al ministro Aníbal Fernández, en el diario kirchnerista Página/12 hay que leerla de atrás hacia adelante:
"(...) –¿Y el paco? Muchos detractores del proyecto aseguran que es droga pero en realidad no es apta para consumo humano.
–Totalmente. El paco es basura cortada con un precursor químico, pero como es basura todo los días varía lo que le ponen. Si tuviéramos un control férreo sobre las sustancias de corte, por lo menos sabríamos de dónde vienen los precursores químicos que contiene y podríamos detener su avance."
Pregunta: ¿Quién controla los precursores químicos en la Argentina, que son las sustencias de corte de la pasta base de cocaína?
Lo deja en claro el propio Ruchansky en su nota: "(...) el Sedronar, la secretaría que dirige José Granero, creada a partir de actual ley e impulsada por el menemismo. Esa secretaría no tiene poder de policía pero maneja las listas de las sustancias de corte utilizadas para fabricar drogas sintéticas (...)".
El Sedronar tiene el Registro Nacional de Precursores Químicos.
En junio de 2005 fue aprobada la legislación que obliga a las empresas que realizan transacciones con 60 sustancias químicas, a inscribirse en el Registro. Algunas de esas sutancias son imprescindibles para diversas industrias como el yodo, el kerosene y el ácido muriático.
Los precursores químicos no son mercaderías prohibidas, ni podrían serlo, porque son necesarios para la salud, las industrias y hasta el uso casero. Ya existían 2 decretos del Poder Ejecutivo —uno de 1996 y otro de 2000— que obligaban a las empresas a informar los movimientos comerciales que involucran a los precursores, y preveían sanciones para las empresas inscriptas que no informaran alguna operación, pero no había castigo para las que no se inscribieran.
La legislación apuntó a corregir ese déficit.
El mayor control del Estado sobre los precursores era un reclamo del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), un organismo creado por el G7 que da recomendaciones para combatir actos de lavado de dinero, narcotráfico y terrorismo.
Pero algo parece haber fallado. Y mucho.
Por lo tanto, no es truculento concluir que Aníbal Fernández cuestiona la tarea de Granero, aún cuando Fernández niegue polémicas y afirme que no hay división en el kirchnerismo por ese tema.
Según el periodista, la oficina de su entrevistado "es pura interactividad. (...) La hiperactividad de Fernández tiene un solo motor": el proyecto de ley que el Ejecutivo enviaría al Congreso en noviembre para la reforma integral a la actual Ley de Drogas.
Fernández, sin mencionar al Sedronar y a Granero, insistió en el punto de su ataque, aunque no quiera polemizar: “Nos vendieron un cuento sobre el narcotráfico. Porque los narcotraficantes han hecho lo que han querido. Nunca hubo información inteligente y los narcos traficaban lo que querían, a Europa fundamentalmente. Han desviado precursores químicos, o sustancias de corte, como realmente correspondería llamarlos, y nadie se ha dado cuenta. El caso de los mexicanos que fabricaban metanfetamina para venderla en USA es buen un ejemplo.”
Otra vez: ¿quién controla los precursores químicos? En su página web, Sedronar anuncia: "La Subsecretaría tiene por objetivos: Determinar los planes y programas de acción conjunta contra la producción, el tráfico y la comercialización ilícitos de drogas, el control de los precursores y sustancias químicas utilizables en la producción de drogas ilícitas y participar en la prevención y control del lavado de dinero producida por dichas actividades ilegales y sus delitos conexos. (...)".
Luego, Fernández explica que su idea “no es liberar la circulación de las drogas, sino apartar a consumidores y adictos del sistema jurídico y carcelario”. Las sustancias ilegales seguirán siendo ilegales, pero al consumidor se le secuestrará lo que tiene, sin ser esposado. A lo sumo, será derivado a una guardia hospitalaria.
10 días después de la presentación del 1er. corte de la encuesta del INdEC, que plantea una aproximación a un mapa nacional sobre el consumo de sustancias psicoactivas legales (alcohol y tabaco) e ilegales (marihuana, cocaína, etc.), y que demuestra que las sustancias legales matan más personas que las ilegales, la polémica fue en ascenso a partir de una impugnación de Sedronar.
Granero, el odontólogo desarrollista que maneja el Sedronar y a quien los Kirchner le reconocen el dudoso mérito de haber sido, cuando era vicegobernador de Santa Cruz, quien ayudó a derrocar al gobernador Ricardo Jaime Del Val para facilitar el acceso al poder más tarde del intendente de Río Gallegos, Néstor Kirchner, habría afirmado que el Comité Científico que asesora en el tema a Aníbal Fernández peca de “un exceso de garantismo” y que “defienden a los narcotraficantes y los delincuentes".
Sin embargo, según Página/12: "(...) Esa secretaría no tiene poder de policía pero maneja las listas de las sustancias de corte utilizadas para fabricar drogas sintéticas y tiene a su cargo la prevención de las adicción, pero se limita a becar y derivar a los adictos a distintas prestadoras que tienen escaso control estatal."
Luego, Francisco de Narváez, Hilda de Duhalde, las secretarías contra las adicciones de Córdoba, Formosa y Tucumán, Daniel Scioli, Gildo Insfrán y José Alperovich colisionaron con el proyecto de Fernández.
Un fragmento de la entrevista de Ruchansky a Aníbal Fernández:
"–Los que defienden a ultranza el prohibicionismo, como José Granero, Claudio Izaguirre o Eduardo Kalina, siempre aclaran que el consumo no está penalizado.
–Es una mentira. El consumo está más criminalizado que nunca. Porque al pibe que le encuentran un poco de droga en el bolsillo lo encarcelan, lo estigmatizan para toda la vida, le encajan una calcomanía en el pecho que dice “adicto”, y después se lo compara con un traficante. (...) El tema es cultural. Hay que razonarlo. Las fuerzas de seguridad están preparadas conforme se las prepara. Y no están para opinar, están para recibir órdenes y cumplirlas.
–Pero también tienen criterio.
–No. Es mucho más orden que criterio.
–También hay una caja chica ahí. Muchos policías piden coima si pescan a alguien con marihuana en el bolsillo.
–Hay que romper esta caja. La única forma de romperla es sacar esta ley. Si no, es inevitable.
–Que la Presidenta haya hablado durante la presentación de la encuesta del Indec resultó inesperado. Es un tema piantavotos... Granero dijo que ella no mencionó la despenalización de la tenencia para consumo. Es más, Granero dijo que iba a renunciar si el Gobierno impulsaba esta medida.
–Cuando fui a Viena yo senté mi posición, pero también senté la posición del gobierno argentino sobre el tema. Y Granero estaba sentado ahí. Ella está convencida, ya hay una posición tomada. El objetivo es ser durísimos con el narcotráfico en todas las condiciones, una fortísima política de prevención para los que se drogan y no son consumidores recreativos o sociales. Para los adictos aplicaríamos fuerte política de tratamiento o política de reducción de daños, sólo si generan problemas a terceros para evitar los efectos no deseados del consumo... No quiero polemizar.
–Scioli dijo que la Iglesia tiene que participar de la discusión.
–¿Y por qué no? Si yo la discusión la quiero dar. Yo soy católico y en ningún lugar de la Biblia se dice que hay que negarle una mano a una persona que tiene problemas. Lo que dijo Scioli es que no va criminalizar al adicto. No le den más vueltas.
–¿Quién puede estar interesado en generar una polémica sobre la despenalización?
–No sé, pero tengamos cuidado con esa palabra. Cuando hablamos de “despenalización”, la gente entiende otra cosa y se piensan que estamos hablando de “drogas libres”. (...)".
Fuente: Urgente 24
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