Los hiper ladrones han parido doce millones de pobres e indigentes
¿Esta Loco y/o es un Gran Pícaro? (Para no faltarle el respeto)
La sequía que azotó en los últimos años a Australia; las inundaciones en el medio oeste norteamericano; la crisis financiera mundial; la crisis alimentaria; los ataques a instalaciones petroleras en Nigeria; la inestabilidad en Medio Oriente; la estrategia de la OPEP; el régimen alimenticio de los cerdos en China o la pujanza de la India pueden parecer, en principio, fenómenos ajenos a las finanzas públicas locales. Pero no es así: todos fuerzan al Gobierno a gastar cada vez más en subsidios.
No son los únicos. Hay que agregar, entre otros factores, lo que ocurre con las lluvias y los termómetros a lo largo y a lo ancho del país. Nunca antes la caja oficial, quizás el activo político que el kirchnerismo cuida con mayor recelo, estuvo tan expuesta a tantos fenómenos, internos y externos.
Todo esto, junto con la intención oficial, por el momento inquebrantable, de aislar los precios internos de los que rigen fuera de las fronteras de la Argentina, construyó de a poco una realidad que convirtió al tan bendecido viento de cola externo en un nuevo dolor de cabeza para el Gobierno: la suba en los precios internacionales genera beneficios, pero también costos, como una mayor inflación, un mayor deterioro de la situación social y también un mayor esfuerzo de la chequera oficial, que este año se encamina a destinar a los subsidios el equivalente al superávit fiscal primario. Ambos rozarán los $ 30.000 millones, o un 3% del producto bruto interno (PBI).
Esa cifra incluye sólo las transferencias a empresas privadas o públicas para subsidiar el consumo de gas, electricidad, los viajes en avión y en colectivos, subtes y trenes del área metropolitana, además del precio de algunos alimentos básicos, como leche, carne, pan y fideos.
Los economistas Javier González Fraga, Miguel Bein y Ramiro Castiñeira coincidieron en este pronóstico. Un informe de la consultora Ecolatina va un poco más allá y sostiene que podrían alcanzar a los $ 35.000 millones, es decir, un 3,5% del producto. Un tanto más cauto, el director de Abeceb.com, Dante Sica, estimó que rondarán los $ 24.000 millones.
El superávit fiscal primario previsto para en el presupuesto es del 3,2% del producto, un valor que el Gobierno probablemente logre, aun sin el impulso de las agónicas retenciones móviles.
Todos coinciden en un punto: el grueso de estos fondos se destinará, una vez más, a emparchar la delicada situación energética, bendecida, al menos durante la semana pasada, con temperaturas de primavera en pleno invierno. Bein estima que el Estado destinará unos $ 19.000 millones a este rubro, principalmente para la compra de combustibles como fueloil o gasoil para las centrales térmicas y la industria. Ecolatina estima que serán $ 20.000 millones, un monto que supera, por ejemplo, "el total de pagos de intereses de la deuda pública nacional", señala en su informe.
El transporte demandará entre 7000 y 10.000 millones de pesos más. Cabe aquí una aclaración: la incorporación de Aerolíneas Argentinas a la constelación de empresas públicas puede llevar la cuenta un poco más allá de lo que indica esa cifra.
El subsidio al consumo interno de alimentos básicos, inexistente hace dos años, insumirá otros $ 4000 millones. En la Oficina Nacional de Control Comercial Agroalimentario (Oncca), a cargo del pago de compensaciones, creen que la cifra final será menor, de unos $ 2600 millones (ver aparte).
Así como el aumento del precio del petróleo implica un esfuerzo fiscal cada vez más grande en energía, la escalada en el valor de las commodities agrícolas, como soja, trigo y maíz, enraizada entre otros fenómenos en la expansión de China y la India, la creciente participación de inversores institucionales y fondos de cobertura en los mercados de futuros, la irrupción de los biocombustibles y los vaivenes climáticos de Australia y Estados Unidos, obligaron ya a reforzar el presupuesto de la Oncca. Estos fenómenos, vale agregar, también empujan los ingresos por retenciones. Polémica
Los subsidios, utilizados también en otras partes del planeta, no están exentos de polémicas. La primera crítica tiene que ver con su eficiencia: en energía, por ejemplo, algunos creen que sería mejor encarar más obras de infraestructura antes que subsidiar el consumo. Pero es la discusión acerca de su impacto sobre la equidad, es decir, sobre la distribución del ingreso, la que más debate genera.
La mayoría de los economistas cree que estos subsidios son regresivos, o que su impacto redistributivo es, por lo menos, dudoso. Días atrás, González Fraga fue más directo aún y dijo, en un seminario, que el Gobierno favorece con esta política a los más ricos.
Detrás de este postulado aparecen varios argumentos. Uno de los más escuchados es que el distrito donde está la mayor cantidad de beneficiarios de este tipo de políticas es la Capital Federal, uno de los rincones más ricos del país y el único donde la factura del gas y la electricidad en los hogares no ha variado desde la salida de la convertibilidad. Es también el rincón más mediático de la Argentina, algo que también ayuda a entender el persistente congelamiento.
Que la Capital sea uno de los distritos más beneficiados plantea, según Ecolatina, una inequidad regional, porque "el esquema de subsidios depende cada vez más de los recursos generados en el interior".
El discurso oficial traza otra visión. Sostiene que los subsidios son un elemento clave para mantener el crecimiento de la economía, fomentar el crecimiento de la industria, contener la inflación -sobre todo de la canasta básica alimentaria-, y, claro está, mejorar la distribución del ingreso. Ante el dictamen de que las compensaciones a los alimentos favorecen por igual a todas las familias, sin diferenciar entre ricos y pobres, se responde que las familias de menores recursos destinan una proporción mayor de sus ingresos a los alimentos, con lo cual el subsidio es, en proporción al gasto del hogar, mayor para estas familias que para las más ricas, que destinan un porcentaje menor de su gasto a las compras en el supermercado.
Más allá de esta discusión, es claro que todas las proyecciones que se trazaron para este año quedaron cortas, incluidas las del presupuesto. Basta con ver los números de los programas más emblemáticos utilizados para estos fines, como el que financia a las empresas de colectivos o trenes, o a la administradora del mercado eléctrico mayorista, Cammesa, y a la petrolera estatal Enarsa.
El programa destinado a las transferencias a las empresas de colectivos, entre otros fines, ya utilizó el 79,5% de los $ 1505,6 millones que tenía disponibles hasta el 6 de julio, según datos de la ejecución presupuestaria disponibles en la página web del Ministerio de Economía. El que financia la caja de las empresas de trenes y subtes del área metropolitana, el ferrocarril General Belgrano, el Belgrano Cargas y de la supuestamente desaparecida aerolínea estatal Lafsa ya consumió casi el 60% de los $ 2590,6 millones asignados.
En energía el panorama es menos alentador: se han agotado casi todos los fondos disponibles, aun cuando el Estado tiene, por ejemplo, atrasos de más de un año en los pagos a algunas generadoras. El ministro de Planificación, Julio De Vido, ya autorizó pagos que equivalen al 73,3% de los $ 7990,8 millones disponibles para paliar la crisis energética y mantener intactas las tarifas en los hogares.
Y esto ocurre aun cuando ambos fueron bendecidos ya con una inyección de recursos merced a una decisión administrativa del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, una maniobra que, seguramente, se repetirá.
La Oncca, que también cuenta con atrasos en las transferencias a alimenticias, lácteas, molineros y productores agropecuarios, también recibió un refuerzo de la mano de Alberto Fernández. Con todo, goza aún de cierta holgura: de los $ 1861,5 millones disponibles para compensaciones sólo utilizó, hasta julio, el 49,6 por ciento. Perspectivas
Todos los informes privados coinciden en que los subsidios pasaron a ser, este año, la razón principal del aumento del gasto público. ¿Pueden poner en riesgo el superávit?
La mayoría de los economistas se ataja cuando se le pregunta sobre el frente fiscal. Responden, casi al unísono, que todo dependerá de lo que ocurra a futuro con el gasto. El consenso todavía no cambió: este año el Gobierno no tendrá mayores inconvenientes, pero el año próximo, que además será electoral, plantea "desafíos".
"La situación fiscal puede forzar a pasar de un sistema de subsidios generalizados a uno de transferencias focalizadas. Esta es una decisión que el Gobierno diluye", apuntó Ramiro Castiñeira, de Econométrica.
El director de abeceb.com, Dante Sica, dijo que el gasto "viene galopando" y que, pensando en 2009, "que es un año político, cuando el gasto de capital siempre aumenta, o se resigna superávit fiscal o hay que hacer un trade off dentro del gasto, y el único lugar para hacerlo son los subsidios".
El economista Pablo Morra, de Goldman Sachs, trazó el siguiente panorama: "La meta de superávit de este año todavía es posible de cumplir. Dependerá de la evolución del gasto. Pero con la economía en desaceleración, el Gobierno debería desacelerar la suba del gasto para asegurarse un amplio superávit fiscal y despejar dudas sobre la situación financiera de 2009. Eso implicará resistir fuertes demandas de aumento de gasto. En una situación de mayor debilidad política y con elecciones por delante, el desafío de mantener el gasto controlado y el superávit fiscal va a ser grande, pero no imposible".
La sequía que azotó en los últimos años a Australia; las inundaciones en el medio oeste norteamericano; la crisis financiera mundial; la crisis alimentaria; los ataques a instalaciones petroleras en Nigeria; la inestabilidad en Medio Oriente; la estrategia de la OPEP; el régimen alimenticio de los cerdos en China o la pujanza de la India pueden parecer, en principio, fenómenos ajenos a las finanzas públicas locales. Pero no es así: todos fuerzan al Gobierno a gastar cada vez más en subsidios.
No son los únicos. Hay que agregar, entre otros factores, lo que ocurre con las lluvias y los termómetros a lo largo y a lo ancho del país. Nunca antes la caja oficial, quizás el activo político que el kirchnerismo cuida con mayor recelo, estuvo tan expuesta a tantos fenómenos, internos y externos.
Todo esto, junto con la intención oficial, por el momento inquebrantable, de aislar los precios internos de los que rigen fuera de las fronteras de la Argentina, construyó de a poco una realidad que convirtió al tan bendecido viento de cola externo en un nuevo dolor de cabeza para el Gobierno: la suba en los precios internacionales genera beneficios, pero también costos, como una mayor inflación, un mayor deterioro de la situación social y también un mayor esfuerzo de la chequera oficial, que este año se encamina a destinar a los subsidios el equivalente al superávit fiscal primario. Ambos rozarán los $ 30.000 millones, o un 3% del producto bruto interno (PBI).
Esa cifra incluye sólo las transferencias a empresas privadas o públicas para subsidiar el consumo de gas, electricidad, los viajes en avión y en colectivos, subtes y trenes del área metropolitana, además del precio de algunos alimentos básicos, como leche, carne, pan y fideos.
Los economistas Javier González Fraga, Miguel Bein y Ramiro Castiñeira coincidieron en este pronóstico. Un informe de la consultora Ecolatina va un poco más allá y sostiene que podrían alcanzar a los $ 35.000 millones, es decir, un 3,5% del producto. Un tanto más cauto, el director de Abeceb.com, Dante Sica, estimó que rondarán los $ 24.000 millones.
El superávit fiscal primario previsto para en el presupuesto es del 3,2% del producto, un valor que el Gobierno probablemente logre, aun sin el impulso de las agónicas retenciones móviles.
Todos coinciden en un punto: el grueso de estos fondos se destinará, una vez más, a emparchar la delicada situación energética, bendecida, al menos durante la semana pasada, con temperaturas de primavera en pleno invierno. Bein estima que el Estado destinará unos $ 19.000 millones a este rubro, principalmente para la compra de combustibles como fueloil o gasoil para las centrales térmicas y la industria. Ecolatina estima que serán $ 20.000 millones, un monto que supera, por ejemplo, "el total de pagos de intereses de la deuda pública nacional", señala en su informe.
El transporte demandará entre 7000 y 10.000 millones de pesos más. Cabe aquí una aclaración: la incorporación de Aerolíneas Argentinas a la constelación de empresas públicas puede llevar la cuenta un poco más allá de lo que indica esa cifra.
El subsidio al consumo interno de alimentos básicos, inexistente hace dos años, insumirá otros $ 4000 millones. En la Oficina Nacional de Control Comercial Agroalimentario (Oncca), a cargo del pago de compensaciones, creen que la cifra final será menor, de unos $ 2600 millones (ver aparte).
Así como el aumento del precio del petróleo implica un esfuerzo fiscal cada vez más grande en energía, la escalada en el valor de las commodities agrícolas, como soja, trigo y maíz, enraizada entre otros fenómenos en la expansión de China y la India, la creciente participación de inversores institucionales y fondos de cobertura en los mercados de futuros, la irrupción de los biocombustibles y los vaivenes climáticos de Australia y Estados Unidos, obligaron ya a reforzar el presupuesto de la Oncca. Estos fenómenos, vale agregar, también empujan los ingresos por retenciones. Polémica
Los subsidios, utilizados también en otras partes del planeta, no están exentos de polémicas. La primera crítica tiene que ver con su eficiencia: en energía, por ejemplo, algunos creen que sería mejor encarar más obras de infraestructura antes que subsidiar el consumo. Pero es la discusión acerca de su impacto sobre la equidad, es decir, sobre la distribución del ingreso, la que más debate genera.
La mayoría de los economistas cree que estos subsidios son regresivos, o que su impacto redistributivo es, por lo menos, dudoso. Días atrás, González Fraga fue más directo aún y dijo, en un seminario, que el Gobierno favorece con esta política a los más ricos.
Detrás de este postulado aparecen varios argumentos. Uno de los más escuchados es que el distrito donde está la mayor cantidad de beneficiarios de este tipo de políticas es la Capital Federal, uno de los rincones más ricos del país y el único donde la factura del gas y la electricidad en los hogares no ha variado desde la salida de la convertibilidad. Es también el rincón más mediático de la Argentina, algo que también ayuda a entender el persistente congelamiento.
Que la Capital sea uno de los distritos más beneficiados plantea, según Ecolatina, una inequidad regional, porque "el esquema de subsidios depende cada vez más de los recursos generados en el interior".
El discurso oficial traza otra visión. Sostiene que los subsidios son un elemento clave para mantener el crecimiento de la economía, fomentar el crecimiento de la industria, contener la inflación -sobre todo de la canasta básica alimentaria-, y, claro está, mejorar la distribución del ingreso. Ante el dictamen de que las compensaciones a los alimentos favorecen por igual a todas las familias, sin diferenciar entre ricos y pobres, se responde que las familias de menores recursos destinan una proporción mayor de sus ingresos a los alimentos, con lo cual el subsidio es, en proporción al gasto del hogar, mayor para estas familias que para las más ricas, que destinan un porcentaje menor de su gasto a las compras en el supermercado.
Más allá de esta discusión, es claro que todas las proyecciones que se trazaron para este año quedaron cortas, incluidas las del presupuesto. Basta con ver los números de los programas más emblemáticos utilizados para estos fines, como el que financia a las empresas de colectivos o trenes, o a la administradora del mercado eléctrico mayorista, Cammesa, y a la petrolera estatal Enarsa.
El programa destinado a las transferencias a las empresas de colectivos, entre otros fines, ya utilizó el 79,5% de los $ 1505,6 millones que tenía disponibles hasta el 6 de julio, según datos de la ejecución presupuestaria disponibles en la página web del Ministerio de Economía. El que financia la caja de las empresas de trenes y subtes del área metropolitana, el ferrocarril General Belgrano, el Belgrano Cargas y de la supuestamente desaparecida aerolínea estatal Lafsa ya consumió casi el 60% de los $ 2590,6 millones asignados.
En energía el panorama es menos alentador: se han agotado casi todos los fondos disponibles, aun cuando el Estado tiene, por ejemplo, atrasos de más de un año en los pagos a algunas generadoras. El ministro de Planificación, Julio De Vido, ya autorizó pagos que equivalen al 73,3% de los $ 7990,8 millones disponibles para paliar la crisis energética y mantener intactas las tarifas en los hogares.
Y esto ocurre aun cuando ambos fueron bendecidos ya con una inyección de recursos merced a una decisión administrativa del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, una maniobra que, seguramente, se repetirá.
La Oncca, que también cuenta con atrasos en las transferencias a alimenticias, lácteas, molineros y productores agropecuarios, también recibió un refuerzo de la mano de Alberto Fernández. Con todo, goza aún de cierta holgura: de los $ 1861,5 millones disponibles para compensaciones sólo utilizó, hasta julio, el 49,6 por ciento. Perspectivas
Todos los informes privados coinciden en que los subsidios pasaron a ser, este año, la razón principal del aumento del gasto público. ¿Pueden poner en riesgo el superávit?
La mayoría de los economistas se ataja cuando se le pregunta sobre el frente fiscal. Responden, casi al unísono, que todo dependerá de lo que ocurra a futuro con el gasto. El consenso todavía no cambió: este año el Gobierno no tendrá mayores inconvenientes, pero el año próximo, que además será electoral, plantea "desafíos".
"La situación fiscal puede forzar a pasar de un sistema de subsidios generalizados a uno de transferencias focalizadas. Esta es una decisión que el Gobierno diluye", apuntó Ramiro Castiñeira, de Econométrica.
El director de abeceb.com, Dante Sica, dijo que el gasto "viene galopando" y que, pensando en 2009, "que es un año político, cuando el gasto de capital siempre aumenta, o se resigna superávit fiscal o hay que hacer un trade off dentro del gasto, y el único lugar para hacerlo son los subsidios".
El economista Pablo Morra, de Goldman Sachs, trazó el siguiente panorama: "La meta de superávit de este año todavía es posible de cumplir. Dependerá de la evolución del gasto. Pero con la economía en desaceleración, el Gobierno debería desacelerar la suba del gasto para asegurarse un amplio superávit fiscal y despejar dudas sobre la situación financiera de 2009. Eso implicará resistir fuertes demandas de aumento de gasto. En una situación de mayor debilidad política y con elecciones por delante, el desafío de mantener el gasto controlado y el superávit fiscal va a ser grande, pero no imposible".
Rafael Mathus Ruiz De la Redacción de La Nacion
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