El modelo de acumulación sin exclusiones que patrocinan Cristina y Néstor Kirchner para reorganizar la economía y la vida en el país con un sentido distinto a los años noventa tenía que llegar y cruzar el límite de ciertas recaudaciones fiscales, aunque provocara tensiones como las que se vivieron en los últimos quince días y tuvieran que enfrentar la intransigencia de las entidades rurales en contra de las retenciones a la exportación. Durante los últimos años, cada vez que reaparecía la demanda interna de una reforma integral del sistema impositivo, la conclusión política en el oficialismo era siempre la misma: la reacción negativa de los afectados, los núcleos más fuertes de la concentración económico-financiera, sería insoportable. Al mismo tiempo, esa misma conclusión indicaba que el modelo de crecimiento quedaría estancado si no se efectuaba el camino inverso a los años noventa: transferir riqueza de arriba hacia abajo, para reconstruir la pirámide social sobre bases más equitativas. Un sistema tributario cuya fuente mayor de ingresos es el 21 por ciento que se aplica al consumo (IVA) tendría que modificarse aunque fuera de manera gradual y paulatina, pero un día llegaría –y llegó– que los intereses más fuertes, y a la vez más regresivos desde el punto de vista político, serían tocados. El propósito no era de simple confiscación, sino para que la distribución de la riqueza vuelva a las proporciones de 1973, treinta y cinco años atrás, cuando recibían mitades iguales el capital y el trabajo.
Las retenciones a las exportaciones agropecuarias, uno de los mecanismos dedicados a la redistribución de ingresos en la nomenclatura gubernamental, nunca conformaron a los que deseaban quedarse con todas las ganancias procedentes de la extraordinaria cotización de las materias primas en mercados no tradicionales, sobre todo el de los mayores importadores asiáticos. La decisión de resistir los avances oficiales, detonó el 11 de marzo en una alianza de intereses que abarcaron desde las elites de la Sociedad Rural hasta los chacareros de la Federación Agraria, cuyas razones excedieron la disposición coyuntural que les sirvió de argumento –afectaba a la soja y al girasol– para disponer un paro por tiempo indeterminado, una medida extrema a la que sólo acuden los gremios en situaciones excepcionales, como lo podría indicar cualquier veterano en este tipo de movimientos. Además de las cuatro entidades centrales, lo mismo que en algunos sindicatos urbanos de servicios, aparecieron núcleos que se nombraron “autoconvocados” porque sólo responden a sus propias asambleas de base, localizados sobre todo en provincias del NOA (Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy).
Además del paro, la protesta incluyó cortes de ruta, setenta sólo en territorio bonaerense, que interrumpieron el abastecimiento de alimentos hacia los grandes centros urbanos, con la evidente intención de provocar reacciones de descontento por las góndolas vaciadas y el alza de los precios debido a la escasez de ofertas. La prolongación de la medida por dos semanas continuadas acentuó el carácter extorsivo de los cortes, característica que nunca les fue adjudicada a los piquetes urbanos de trabajadores desocupados. Hay que decir que la reacción de la población urbana, en esta oportunidad, tuvo un claro sesgo de clase, ya que ocurrió en el cordón norte de la Capital, en los barrios residenciales de las clases medias y alta, en las que los grupos más exaltados se hicieron cargo de pedir “que se vaya” el actual gobierno, electo en las urnas hace poco más de cien días con la mayoría de los votos positivos. Los disconformes, una minoría de porteños, utilizaron las cacerolas para hacerse escuchar, algunos a lo mejor con la intención de asimilar la situación con la que se vivió en esta ciudad en diciembre de 2001. Una desmesura que la presidenta Cristina atribuyó a quienes son contrarios a la política oficial de derechos humanos. No le faltó razón, sobre todo si se atiende al contenido de algunas consignas y a la presencia de algunas figuritas que han ganado notoriedad por la defensa del terrorismo de Estado, pero el dato es insuficiente para explicar todas las presencias. Una de las dos noches acudieron a la cita en Plaza de Mayo, convocada por “mails” de fuentes anónimas, algunos grupúsculos de izquierda que confunden cualquier tumulto callejero con atisbos de revolución, en este caso de “rebelión campesina”, dejando de lado que al frente estaban instalados los miembros de entidades, como la Sociedad Rural, que figuran en la historia al lado de las minorías más reaccionarias de los tiempos más oscuros. Espejismos de algunas izquierdas en sus desiertos particulares.
A lo largo de las dos semanas de paro activo, la mayoría de los medios de información, sobre todo los electrónicos con su clásica apelación a los recursos del show, queriéndolo o no, contribuyeron a desplegar los egos de algunos caudillos de provincia que, a los pocos días, se movían por reflejos condicionados: cada vez que se encendían las luces de las cámaras de TV monopolizaban las tribunas con fogosos discursos, con acusaciones y exabruptos que no se escucharon en los años noventa, con juramentos de lucha más propios de una guerra civil que de la legítima protesta en un régimen democrático. ¿Podrán regresar a su dimensión pueblerina o harán lo imposible para seguir en la brecha para conservar su imagen en las pantallas nacionales? Estas ambiciones de fama, sumadas al descontento agropecuario trabajado durante meses desde todas las tribunas de la derecha para convencer a los productores que el recorte de sus ganancias iba a parar a un pozo negro, hicieron de la rentabilidad sojera un altar patrio equivalente al monumento a la bandera. Durante más de dos semanas de transmisión casi permanente, jamás se vio ningún transporte a sangre (sulky, caballo), pero sí muchos celulares, de donde cabe deducir, visto desde la ciudad, que los campesinos se han modernizado lindo, hasta para ir a pelear en las rutas de la nación. Pensar que algún capitanejo entrerriano quiso comparar esta defensa de la renta como si fuera la continuidad de algunas batallas agrarias, heroicas de verdad, como el “Grito de Alcorta”.
En el balance gubernamental, así como le han señalado errores de procedimientos que no distinguieron las diferentes regiones, categorías y dimensiones entre los productores para fijar el monto de los tributos y demoras injustificadas en los anuncios de medidas complementarias que pusieran a salvo a los menos favorecidos, también hay que adjudicarle la disposición presidencial para que la reanudación del diálogo fuera posible, pese a que la modestia no es atributo de gobernante. Tanto desde la Casa Rosada como desde las gobernaciones provinciales involucradas en el conflicto buscaban alternativas posibles y, mientras tanto, hubo una movilización política que estrenó la convocatoria del PJ, primero el jueves en Parque Norte y se prepara para poner toda la carne en el asador el próximo martes, tengan éxito o no las negociaciones en curso. Mientras tanto, la oposición política se ocupó de criticar pero no hizo aportes efectivos para destrabar la situación, cuando menos como lo hizo la cúpula de la Iglesia Católica que auspició una tregua para dialogar. Debido a la simplificación informativa, el concepto de diálogo se presenta como un fin en sí mismo, pero en realidad es el medio para la negociación, cuyos términos dependen de la conversación sólo en parte, ya que en el intercambio una buena negociación es la que no deja del todo conforme a ninguna de las partes, porque no hay vencedores ni vencidos. Comprender y aceptar el método es una condición para la calidad democrática del conflicto social, con el que hay que convivir sin alternativa ya que los diferentes intereses mantienen pugnas constantes entre sí y con el Estado.
Esta crisis es la primera del mandato actual, pero no será la última si el modelo de acumulación propuesto se lleva adelante, mientras la macroeconomía lo permita con saldos positivos como los actuales. Hacerse a la idea de nuevas contiendas, forma parte de una cultura de la convivencia, en la que los protagonistas, pero sobre todo los observadores, deberán acostumbrarse a no dramatizar en términos de espectáculo como si cada litigio fuera el final de la historia. Hay vida después de las retenciones, lo mismo que más allá de cualquier otro pleito.
Por J. M. Pasquini Durán
Las retenciones a las exportaciones agropecuarias, uno de los mecanismos dedicados a la redistribución de ingresos en la nomenclatura gubernamental, nunca conformaron a los que deseaban quedarse con todas las ganancias procedentes de la extraordinaria cotización de las materias primas en mercados no tradicionales, sobre todo el de los mayores importadores asiáticos. La decisión de resistir los avances oficiales, detonó el 11 de marzo en una alianza de intereses que abarcaron desde las elites de la Sociedad Rural hasta los chacareros de la Federación Agraria, cuyas razones excedieron la disposición coyuntural que les sirvió de argumento –afectaba a la soja y al girasol– para disponer un paro por tiempo indeterminado, una medida extrema a la que sólo acuden los gremios en situaciones excepcionales, como lo podría indicar cualquier veterano en este tipo de movimientos. Además de las cuatro entidades centrales, lo mismo que en algunos sindicatos urbanos de servicios, aparecieron núcleos que se nombraron “autoconvocados” porque sólo responden a sus propias asambleas de base, localizados sobre todo en provincias del NOA (Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy).
Además del paro, la protesta incluyó cortes de ruta, setenta sólo en territorio bonaerense, que interrumpieron el abastecimiento de alimentos hacia los grandes centros urbanos, con la evidente intención de provocar reacciones de descontento por las góndolas vaciadas y el alza de los precios debido a la escasez de ofertas. La prolongación de la medida por dos semanas continuadas acentuó el carácter extorsivo de los cortes, característica que nunca les fue adjudicada a los piquetes urbanos de trabajadores desocupados. Hay que decir que la reacción de la población urbana, en esta oportunidad, tuvo un claro sesgo de clase, ya que ocurrió en el cordón norte de la Capital, en los barrios residenciales de las clases medias y alta, en las que los grupos más exaltados se hicieron cargo de pedir “que se vaya” el actual gobierno, electo en las urnas hace poco más de cien días con la mayoría de los votos positivos. Los disconformes, una minoría de porteños, utilizaron las cacerolas para hacerse escuchar, algunos a lo mejor con la intención de asimilar la situación con la que se vivió en esta ciudad en diciembre de 2001. Una desmesura que la presidenta Cristina atribuyó a quienes son contrarios a la política oficial de derechos humanos. No le faltó razón, sobre todo si se atiende al contenido de algunas consignas y a la presencia de algunas figuritas que han ganado notoriedad por la defensa del terrorismo de Estado, pero el dato es insuficiente para explicar todas las presencias. Una de las dos noches acudieron a la cita en Plaza de Mayo, convocada por “mails” de fuentes anónimas, algunos grupúsculos de izquierda que confunden cualquier tumulto callejero con atisbos de revolución, en este caso de “rebelión campesina”, dejando de lado que al frente estaban instalados los miembros de entidades, como la Sociedad Rural, que figuran en la historia al lado de las minorías más reaccionarias de los tiempos más oscuros. Espejismos de algunas izquierdas en sus desiertos particulares.
A lo largo de las dos semanas de paro activo, la mayoría de los medios de información, sobre todo los electrónicos con su clásica apelación a los recursos del show, queriéndolo o no, contribuyeron a desplegar los egos de algunos caudillos de provincia que, a los pocos días, se movían por reflejos condicionados: cada vez que se encendían las luces de las cámaras de TV monopolizaban las tribunas con fogosos discursos, con acusaciones y exabruptos que no se escucharon en los años noventa, con juramentos de lucha más propios de una guerra civil que de la legítima protesta en un régimen democrático. ¿Podrán regresar a su dimensión pueblerina o harán lo imposible para seguir en la brecha para conservar su imagen en las pantallas nacionales? Estas ambiciones de fama, sumadas al descontento agropecuario trabajado durante meses desde todas las tribunas de la derecha para convencer a los productores que el recorte de sus ganancias iba a parar a un pozo negro, hicieron de la rentabilidad sojera un altar patrio equivalente al monumento a la bandera. Durante más de dos semanas de transmisión casi permanente, jamás se vio ningún transporte a sangre (sulky, caballo), pero sí muchos celulares, de donde cabe deducir, visto desde la ciudad, que los campesinos se han modernizado lindo, hasta para ir a pelear en las rutas de la nación. Pensar que algún capitanejo entrerriano quiso comparar esta defensa de la renta como si fuera la continuidad de algunas batallas agrarias, heroicas de verdad, como el “Grito de Alcorta”.
En el balance gubernamental, así como le han señalado errores de procedimientos que no distinguieron las diferentes regiones, categorías y dimensiones entre los productores para fijar el monto de los tributos y demoras injustificadas en los anuncios de medidas complementarias que pusieran a salvo a los menos favorecidos, también hay que adjudicarle la disposición presidencial para que la reanudación del diálogo fuera posible, pese a que la modestia no es atributo de gobernante. Tanto desde la Casa Rosada como desde las gobernaciones provinciales involucradas en el conflicto buscaban alternativas posibles y, mientras tanto, hubo una movilización política que estrenó la convocatoria del PJ, primero el jueves en Parque Norte y se prepara para poner toda la carne en el asador el próximo martes, tengan éxito o no las negociaciones en curso. Mientras tanto, la oposición política se ocupó de criticar pero no hizo aportes efectivos para destrabar la situación, cuando menos como lo hizo la cúpula de la Iglesia Católica que auspició una tregua para dialogar. Debido a la simplificación informativa, el concepto de diálogo se presenta como un fin en sí mismo, pero en realidad es el medio para la negociación, cuyos términos dependen de la conversación sólo en parte, ya que en el intercambio una buena negociación es la que no deja del todo conforme a ninguna de las partes, porque no hay vencedores ni vencidos. Comprender y aceptar el método es una condición para la calidad democrática del conflicto social, con el que hay que convivir sin alternativa ya que los diferentes intereses mantienen pugnas constantes entre sí y con el Estado.
Esta crisis es la primera del mandato actual, pero no será la última si el modelo de acumulación propuesto se lleva adelante, mientras la macroeconomía lo permita con saldos positivos como los actuales. Hacerse a la idea de nuevas contiendas, forma parte de una cultura de la convivencia, en la que los protagonistas, pero sobre todo los observadores, deberán acostumbrarse a no dramatizar en términos de espectáculo como si cada litigio fuera el final de la historia. Hay vida después de las retenciones, lo mismo que más allá de cualquier otro pleito.
Por J. M. Pasquini Durán
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